miércoles 16 de noviembre 2022

El Salvador aprueba octava prórroga del estado de excepción

San Salvador, El Salvador

El congreso salvadoreño aprobó el martes una octava prórroga del régimen de excepción para seguir persiguiendo a las pandillas, pese a las críticas de políticos opositores y organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado detenciones arbitrarias y abusos de parte de las autoridades.

“Esta es una estrategia firmemente elaborada y los resultados indican que esta estrategia no está fallando”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición y justificar la nueva prórroga.

Destacó que la medida ha permitido capturar a 57.568 pandilleros, entre ellos 843 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, y resaltó que de los 15 cabecillas de la llamada Ranfla Nacional de la MS-13, que dirigen todas las operaciones criminales, nueve ya están en la cárcel.

Explicó que cuando se implementó el régimen de excepción y se amplió la persecución de las pandillas, “teníamos registro de 76.600 pandilleros, quiere decir que a esa cifra le hace falta capturar alrededor de 26.000”.

El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, la Asamblea Legislativa aprobó la puesta en marcha de un estado de excepción por primera vez y durante 30 días a solicitud del presidente Nayib Bukele.

Según estadísticas oficiales, del 1 de enero al 31 de octubre se registraron 572 homicidios, 38% menos que los 928 en el mismo periodo de 2021.

En lo que va de noviembre, nueve personas fueron asesinadas aunque ya se suman ocho días sin homicidios, a decir de las autoridades.

Al presentar la solicitud de prórroga, Villatoro prometió que El Salvador no volverá a vivir la zozobra de las pandillas, arremetió contra las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y afirmó que “está claro que sólo velan por los derechos humanos de los criminales”.

Las llamadas maras o pandillas, que tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.