
La acusación contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional abre la posibilidad de que los diputados que siguen en funciones sean suspendidos de sus cargos, una medida cautelar que el Código Procesal Penal contempla para delitos contra la administración pública.
Expertos señalan que en el caso de los diputados involucrados deberá analizarse si existen fundamentos legales para aplicar la suspensión sin que esto implique asumir culpabilidad antes de una sentencia.
La medida podría solicitarse para exmiembros de la junta directiva y de la Comisión Permanente que fueron reelectos, porque se presume que podrían obstaculizar la investigación.
Desde Libertad y Refundación (Libre) sostienen que el caso responde a una persecución política y que deben respetarse las etapas del proceso judicial.
La bancada considera que las acusaciones son estrictamente políticas y buscan desviar la atención de los problemas del país.