
El sistema de control penal de Honduras está altamente cuestionado por corrupción y falta de inversión en más de treinta años.
El abogado Luis Reyes exige una reestructuración integral que investigue el patrimonio de todos los operadores de justicia.
La cadena de control penal, conformada por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, arrastra un descalabro interno que ha sido evidenciado públicamente.
Reyes advirtió que existen fiscales cooptados por el crimen organizado y operadores de justicia que reciben sobornos de manera activa.
Los jueces millonarios se escudan en el principio de independencia judicial, pero el abogado sostiene que ello no impide investigar sus fortunas.
La ausencia de modernización en el sistema ha generado un profundo descrédito entre la población hondureña.