
El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra el expresidente del Poder Legislativo por presuntos delitos electorales.
La abogada Nilia Ramos, exfiscal de lucha contra el crimen organizado, calificó la acción como persecución penal. Ramos cuestionó el actuar de la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante el conflicto.
Ramos recordó que la Comisión Permanente se nombró en medio de una crisis y que hubo unos 45 días sin legislar. Señaló que en ese periodo cinco diputados convocaron a los demás congresistas a sesionar.
Indicó que a esos legisladores no se les permitió entrar al Congreso Nacional y tuvieron que sesionar en los bajos del edificio. Añadió que los diputados convocados carecían de seguridad, mientras la Comisión Permanente disponía de resguardo.
Sostuvo que el detonante fue la decisión del expresidente de hacer el conteo voto por voto, función del Consejo Nacional Electoral.
Afirmó que la Comisión Permanente usurpó funciones del Pleno al evitar que 72 diputados ingresaran al Congreso. Mencionó violación de derechos de funcionarios, usurpación de funciones y perturbación ilícita.
Agregó que, al desconocer la declaratoria de elecciones, se configuran figuras como traición a la patria y delitos electorales. Planteó que el Ministerio Público podría fraccionar el accionar y presentar otro requerimiento por lo ocurrido en el Consejo Nacional Electoral.
Pidió aplicar la ley conforme a la Constitución y respetar el debido proceso, el principio de inocencia y la defensa efectiva.