
Las declaraciones del secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, generaron controversia luego de que instruyera a los secretarios de Estado a retirar de sus cargos, antes del 31 de diciembre, a las personas vinculadas con el gobierno anterior de Libertad y Refundación (Libre).
También pidió abrir espacios para los integrantes de las bases del Partido Nacional (PN).
Diputados nacionalistas respaldaron la medida y consideraron necesario dar oportunidades laborales a quienes apoyaron al partido en las urnas.
En contraste, exfuncionarios de Libre advirtieron que los despidos podrían generar demandas contra el Estado y consecuencias económicas que terminarían asumiendo los hondureños.
Desde la sociedad civil también cuestionaron esta práctica y señalaron que los cambios de gobierno suelen convertir las instituciones públicas en espacios de disputa política.
El ultimátum establece el 31 de diciembre como fecha límite para ejecutar las separaciones.