
El Partido Nacional (PN) descartó que los requerimientos judiciales contra los exintegrantes de la Comisión Permanente constituyan una persecución política y sostuvo que las investigaciones deben esclarecer las presuntas irregularidades cometidas durante sus actuaciones.
El diputado nacionalista Arnold Burgos afirmó que «persecución política sería que estuvieran presos ya», y señaló que se les está aplicando el debido proceso con un requerimiento fiscal y el trámite ante la Corte Suprema de Justicia por tratarse de altos funcionarios.
Añadió que la Comisión Permanente ya no existe en el Congreso y que debe seguir su proceso judicial. Según algunos especialistas en derecho, los señalados no irían a prisión porque los delitos que se les imputan no conllevan esa pena.
El legislador insistió en que las acciones de la excomisión fueron de notoria acción pública contra la ley y que las personas merecen ser juzgadas.