
Organizaciones de apoyo al migrante denuncian que miles de hondureños retornados se encuentran en total desprotección debido al incumplimiento de bonos estatales.
La crisis se agudiza en los centros de atención del migrante, que operan en condiciones precarias por retrasos salariales y deudas con proveedores. El flujo de deportaciones se mantiene al alza con hasta 15 vuelos semanales.
El personal de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) acumula cuatro o cinco meses sin recibir su salario, según una fuente de las organizaciones de apoyo al migrante.
Los transportistas y los servicios de alimentación mínima que se brindan también registran deudas con proveedores por el mismo período.
La administración del presidente Nasry Asfura canceló el programa Hermano Hermana Vuelve a Casa, que brindaba asistencia a los deportados con bono en efectivo y acceso a financiamientos para emprender.
En su lugar, se prometió un alivio de 2,500 lempiras para quienes retornaron este año, pero hasta el momento no se ha cumplido.
Una representante de las organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos exigió una respuesta inmediata para los migrantes.
El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos mantendrá alto el flujo de deportaciones, según expertos.
A San Pedro Sula llegan hasta 15 vuelos semanales con alrededor de 130 hondureños y, en algunos casos, ciudadanos de México.