
Decenas de organizaciones campesinas, indígenas y garífunas se movilizan en las afueras del Instituto Nacional Agrario (INA) para exigir la renuncia del director Javier Talavera.
Los manifestantes lo acusan de aliarse con pandillas criminales y de promover políticas violentas contra el sector campesino.
El dirigente Johnny Rivas denunció que Talavera, originario de Quebrada de Arena, Colón, lidera un grupo criminal que desplaza a cooperativas de esa zona.
Los manifestantes señalan que el funcionario actúa como vocero de los agroindustriales y no defiende los intereses de los campesinos.
Desde el 28 de mayo, han interpuesto recursos de inconstitucionalidad y amparo contra una reforma que, según denuncian, busca declararlos terroristas.
También han acudido a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar lo que califican como una política violenta.
Advierten que las malas decisiones del Gobierno podrían generar sentencias internacionales en contra del Estado hondureño.