
El Ministerio Público de Honduras, mediante la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentó un requerimiento fiscal contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por su presunta participación en ataques a la libertad de expresión.
La acción judicial surge a raíz de publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital de carácter institucional, que fueron denunciadas por periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras como una posible campaña de desprestigio dirigida contra comunicadores sociales.
Las autoridades judiciales avanzan en el proceso para determinar las responsabilidades del exoficial en este caso que ha generado preocupación en el gremio periodístico.