
El Ministerio Público ratificó la acusación contra el expresidente Juan Orlando Hernández, señalándolo por desviar 62 millones de lempiras de secretarías estatales para el financiamiento de campañas políticas en Honduras.
Durante la audiencia inicial, los entes acusadores sumaron 49 medios de prueba, incluyendo un video solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR). La defensa de Hernández solicitó suspender el proceso hasta el 18 de agosto para analizar la documentación.
Por su parte, la ex primera dama Ana García denunció una persecución política y cuestionó la veracidad de las declaraciones del procurador Dagoberto Aspra. El caso genera fuertes reacciones entre dirigentes que exigen la aplicación estricta de la ley.