
El requerimiento fiscal contra 14 exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional generó posiciones encontradas: Libertad y Refundación (Libre) denuncia persecución política, mientras el Partido Nacional (PN) exige que se deduzcan responsabilidades.
El abogado Wilmer Fernández, exministro del Trabajo, afirmó que «están ajusticiando al único partido de oposición que se atrevió a confrontar el fraude electoral de 2020».
Sostuvo que la Comisión Permanente exigió un deber constitucional: recontar la totalidad de los votos, y que ahora se persigue a quienes alzaron la voz.
Desde el PN señalaron que Libre tiene «memoria corta», porque ya habían advertido sobre las consecuencias legales del accionar de la excomisión.
Dirigentes nacionalistas recordaron que hace dos o tres años advirtieron que no podrían alegar persecución política por actos que violaron la Constitución. El caso mantiene abiertas las diferencias entre las bancadas.