
La Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias genera altas expectativas y profundas dudas sobre su capacidad real de aplicación institucional.
La normativa busca eximir del pago de aranceles e impuestos el traslado de menaje de casa, herramientas de trabajo y vehículos para los connacionales que regresan al país.
La legislación establece alivios fiscales de hasta 150 mil dólares tanto para menaje como para implementos laborales. Además, autoriza el ingreso de vehículos particulares y de trabajo por núcleo familiar.
La creación de la Ventanilla Única del Retorno se proyecta como el mecanismo clave para centralizar trámites migratorios, aduaneros y fiscales mediante procesos digitalizados.
Analistas y defensores de derechos humanos advierten sobre múltiples vacíos en la implementación práctica.
Expertos en movilidad humana señalan que la exoneración arancelaria no cubre los elevados costos de transporte internacional.
Tampoco resuelve el problema estructural de quienes sufren deportaciones repentinas y quedan imposibilitados de rescatar sus bienes en el extranjero.
Los especialistas destacan la urgencia de desplegar campañas masivas de información a través de la red consular.
También plantean fortalecer las políticas públicas de reintegración laboral, educativa y social para que el retorno digno sea accesible para toda la población migrante.