
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la cancelación definitiva del estatus de protección temporal para Honduras, dejando sin amparo a más de 55 mil ciudadanos.
Expertos en migración advierten que los compatriotas deberán pelear sus casos de manera individual tras quedar fuera del programa que los cobijó por dos décadas.
La noticia cayó como balde de agua fría entre la comunidad hondureña, pese a las múltiples acciones judiciales que buscaban revertir este escenario.
La Defensoría de los Derechos de los Migrantes exige al Poder Ejecutivo mover su última carta mediante relaciones diplomáticas, ya que el país no reúne condiciones básicas para la reinserción.
El Estado deberá generar estrategias para el retorno de los connacionales, mientras las familias enfrentan la separación y el desafío de definir el futuro de sus bienes.
Este escenario genera un golpe social y económico, con una posible reducción de más de 300 millones de dólares en remesas.