
La fiscal de delitos comunes en la zona norte del país, Glenda Jiménez, enfrentará su proceso en libertad tras ser acusada de cobrar hasta 20,000 lempiras por cerrar denuncias, y continuará laborando en el Ministerio Público porque no fue destituida.
La jueza de letra penal con jurisdicción nacional resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial por el delito de concusión en perjuicio de la administración pública.
La funcionaria deberá firmar cada 15 días en el libro de control de la Secretaría de la Judicatura.
No podrá salir del país. También se le prohíbe comunicarse por cualquier vía con la persona que se sintió afectada.