
La División Antiextorsión de la Policía Nacional ha identificado una nueva modalidad delictiva en la que estructuras criminales utilizan billeteras electrónicas para agilizar los cobros de extorsión y evadir los controles financieros, moviendo fuertes cantidades de dinero a través de transacciones digitales.
Las autoridades han intensificado las capturas contra líderes de estas redes, enfocando sus esfuerzos en seguir la trazabilidad de las operaciones ilícitas para identificar a los responsables detrás de la apertura de las cuentas.
Paralelamente, el Poder Legislativo ha incrementado las penas para el delito de extorsión, estableciendo condenas de entre 15 a 20 años de prisión, mientras que sectores jurídicos exigen mayor regulación y tecnología de punta para fortalecer la estrategia integral contra este flagelo.