
La excónsul general de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, fue arrestada en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero.
Junto a ella fueron detenidas otras tres personas, incluidos sus dos hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, y un exempleado del consulado de Honduras, Mario Castellanos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, la exfuncionaria habría recibido más de 375 mil dólares en pagos indebidos para facilitar citas y servicios consulares a determinados usuarios.
Las investigaciones señalan que el esquema habría operado entre agosto de 2024 y marzo de 2026 mediante acuerdos con una empresa que facilitaba el acceso a trámites como pasaportes y documentos de identidad.
La Fundación 15 de Septiembre denunció la supuesta operación de una red de coyotes consulares que estafaba a hondureños en Estados Unidos mediante cobros irregulares por citas y trámites.
La organización aseguró que presentó denuncias ante autoridades estadounidenses y hondureñas, pero cuestionó la falta de avances en las investigaciones.
El vocero de la fundación afirmó que, al no tener respuestas de las autoridades hondureñas, se vieron obligados a denunciar ante las autoridades federales de Estados Unidos los actos de corrupción ocurridos durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
Sostuvo que la trama estaba orquestada desde Honduras, porque para facilitar una cita se requería la venia de la Cancillería hondureña, que desde Tegucigalpa controla el acceso a las citas.
Señaló que una cita puede costar entre 300, 500 hasta mil dólares, según la urgencia y el tiempo de entrega del pasaporte.
El vocero mencionó denuncias en los consulados de Charlotte, Houston, Dallas, Nueva Orleans y Washington.
Afirmó que al canciller Enrique Reina se le hizo saber de estos hechos y que el responsable del consulado de Washington es primo suyo. Añadió que a esas personas se les extendió el contrato durante el actual gobierno.
La Cancillería hondureña informó que el 24 de marzo de este año se canceló el nombramiento de Serrano y anunció verificaciones administrativas.
Reafirmó que los servicios consulares no deben estar condicionados a pagos indebidos y se puso a disposición de colaborar con las autoridades estadounidenses.