
Las reformas que endurecen las penas contra los feminicidios en El País han entrado en vigor, pero especialistas aseguran que aún existen muchos retos para reducir la violencia de género.
Aunque la medida envía un mensaje político-jurídico claro de que el feminicidio es un delito gravísimo que será castigado, la experta señala que el problema radica en la integralidad del abordaje, ya que los entes investigativos están debilitados.
Martínez advirtió que la creación de tribunales especializados y la designación de juezas no garantizan condenas si no hay capacitación en perspectiva de género para el personal del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad. El desafío persiste más allá de la muerte de la víctima.