
La absolución judicial del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora dos desató fuertes cuestionamientos entre sectores sociales que demandan una aplicación de justicia imparcial y equitativa.
El exmandatario hondureño quedó libre de los delitos de lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de recursos públicos en dicho expediente de corrupción.
La determinación de los tribunales locales fue catalogada por diversos sectores civiles como la crónica de una liberación anunciada. Ciudadanos manifestaron su desconfianza ante el fallo debido a la contradicción que representa frente a su condena previa en Estados Unidos por narcotráfico.
Profesionales del derecho lamentaron que el sistema judicial muestre debilidades e impunidad al favorecer a figuras con conexiones políticas e influencia económica.