
Abogados y analistas han comenzado a criticar el gran despliegue de elementos militares y policiales asignados a la seguridad del expresidente Juan Orlando Hernández durante su retorno a Honduras, un operativo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
El analista Carlos Arévalo señaló que, aunque los expresidentes tienen derecho a seguridad, el enorme contingente observado ayer resulta desproporcionado frente a la situación de violencia que enfrenta la mayoría de los hondureños.
Los críticos denuncian que la seguridad en Honduras parece estar reservada para servidores públicos de alto rango y sus familias, mientras la ciudadanía común permanece desprotegida ante la criminalidad.