
El futuro migratorio de miles de hondureños pende de un hilo tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que ya fue eliminado y que actualmente se disputa en los tribunales estadounidenses.
Organizaciones de tepesianos hondureños mantienen una lucha constante para revertir la decisión, aunque las alternativas legales se agotan y la incertidumbre crece entre los beneficiarios.
De confirmarse el fallo desfavorable, unos 325,000 hondureños que ya agotaron sus causas migratorias podrían ser deportados, mientras otros optarían por el retorno voluntario ante la falta de opciones para regularizar su permanencia.
Las autoridades estadounidenses, con el respaldo judicial al presidente Donald Trump para iniciar deportaciones masivas, podrían ejecutar estas expulsiones, afectando la estabilidad laboral y económica de miles de familias que dependen de las remesas.