
La cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos, ha generado una oleada de escepticismo entre sectores hondureños, que exigen acciones estratégicas del Estado para gestionar el retorno de los más de 51 mil ciudadanos afectados.
La decisión, calificada como «lapidante» por el especialista en migración Salvador Valladares, ha dejado sin margen de reversión a los beneficiarios.
Organizaciones sociales y migrantes han manifestado su preocupación y han instado al gobierno a preparar protocolos de recepción y reinserción laboral