
Las reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional generan expectativas en la zona norte del país, pero analistas advierten que requieren más presupuesto y recurso humano.
El abogado, Ramiro Medina, señaló que, de momento, los entes de seguridad y judicial no tienen la capacidad operativa para procesar a todas las personas que podrían ser detenidas.
Medina explicó que las herramientas jurídicas otorgadas a la Policía, la Fiscalía, los juzgados y el sistema carcelario deben acompañarse de recursos logísticos y humanos.
Indicó que el modelo busca el control territorial en zonas dominadas por el crimen organizado, como Yoro, Chamelecón, la Rivera Hernández, parte del Carrizal, la Villafranca y la 3 de Mayo.
Detalló que se efectuarán capturas preventivas con 48 horas para vincular a cada persona y determinar si cometió delito, y que la investigación preliminar pasará de 24 a 48 horas.
Señaló que hace poco se asignaron 1.200 millones que tenía la OAVI, monto que ayudará por unos meses, pero que para el próximo año la inversión debe ser mayor.