
El Poder Legislativo hondureño ha puesto en la mira a redes sociales que promueven abortos clandestinos, una práctica que pone en riesgo la vida de mujeres y que ha despertado alarmas entre organizaciones provida y sectores de salud reproductiva.
El Código Penal de Honduras castiga el aborto intencional con penas de 3 a 6 años de prisión si la mujer lo consiente, de 6 a 8 años si se realiza sin su consentimiento y de 8 a 10 años si se emplea violencia, intimidación o engaño.
Mientras, organizaciones que defienden la salud sexual reproductiva exigen al Estado reforzar la educación integral para prevenir embarazos no deseados y violaciones sexuales, que según datos de Visitación Padilla son una causa recurrente de estos embarazos.