
Una disposición publicada en La Gaceta establece que los recursos provenientes de incautaciones serán destinados a fortalecer la seguridad y la justicia en Honduras.
El abogado Ángel Herrera cuestionó quién vigilará esos millones y advirtió que el dinero se usará sin sentencia previa.
Herrera explicó que el dinero se dividió en porcentajes entre cinco o seis instituciones del Estado. Entre ellas mencionó al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los entes de seguridad y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El abogado señaló que antes se requería una sentencia para disponer de esos fondos, mientras que ahora se usan inmediatamente después del decomiso.
Asimismo, exigió que se cree el reglamento lo más pronto posible y que exista una supervisión efectiva.