
Alrededor de 1,000 órdenes de desalojo están listas para ejecutarse en el país tras la entrada en vigor de la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, vigente desde junio.
Gundemaro Castillo, presidente del Fondo Ganadero, confirmó la cifra de propiedades en la mira.
El abogado penalista Luis Cruz y Marco Bhaday, representante de CONAFEPH, analizaron los alcances de la medida.
«Nosotros creemos que esta es una ley que viene a debilitar el debido proceso. Porque ya existe una normativa para poder desarrollar procesos para poder determinar quién es legítimo propietario de la comunidad o del título de la propiedad que se esté en disputa», expresó Bhaday.
La ley generará impacto en distintas zonas del territorio nacional. Los sectores involucrados esperan el desarrollo de las ejecuciones.