La reforma a la Ley de Protección al Adulto Mayor establece descuentos obligatorios del 25% para tercera edad y 35% para cuarta edad en servicios básicos.
Estos beneficios cubren electricidad, agua, telecomunicaciones y tasas aeroportuarias, buscando mejorar la calidad de vida de la población mayor.
Sin embargo, economistas advierten que el gobierno deberÃa subsidiar estos descuentos mediante impuestos, ya que podrÃan afectar a empresas con márgenes de ganancia inferiores al 10%, generando pérdidas significativas.
