Los profesores jubilados, beneficiados por la sentencia del 6 de marzo de 2019, exigen que se respeten los beneficios obtenidos, argumentando que estos derechos son cruciales para su bienestar.
Asimismo, los docentes contratados bajo la ley de 1980 buscan que se les permita acogerse a la jubilación voluntaria, lo cual subraya la urgencia de revisar las políticas actuales.
Este llamado a la acción refleja la preocupación por asegurar una jubilación digna para todos los trabajadores del sector educativo.