Tegucigalpa, Francisco Morazán
El Ministerio Público, luego de un arduo trabajo investigativo y con 74 medios probatorios evacuados en juicio, demostró la responsabilidad penal de los dos primeros involucrados en el caso Hospitales Móviles, sin embargo, el fallo será objeto de un recurso de casación debido a que el órgano sentenciador ha sido más que indulgente en cuanto a la calificación jurídica de las conductas atribuidas a los exfuncionarios acusados.
La declaratoria de culpabilidad se decretó únicamente contra Marco Antonio Bográn Corrales por el delito de fraude agravado continuado y contra Alex Alberto Moraes Girón por el delito de violación de los deberes de los funcionarios agravado continuado (no penado con cárcel), pese a que en el presente expediente existen elementos suficientes que acreditan que ambos incurrieron en la comisión de dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Éstos, conforme a las investigaciones, participaron directamente en el megafraude que representó la compra de siete unidades médicas, con las que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) proyectaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia del COVID-19, lo que resultó ser un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de compatriotas fallecidos por esta enfermedad.
Al Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en conjunto con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal biomédico, le aportaron contundentes pruebas, que al parecer no fueron valoradas en su totalidad, con las cuales se establece lo siguiente:
En los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras a través de INVEST-H compró siete Hospitales Móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19.
Marco Antonio Bográn Corrales, en su condición de Director Ejecutivo de INVEST-H y Alex Alberto Moraes Girón, Gerente Administrativo de la institución, con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, Representante Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (L. 1,174,517,764.33).
La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de INVEST-H.
Extrañamente se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba.
Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional.
El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.
Personal del Departamento de Adquisiciones de INVEST-H, ahora testigos del MP, advirtieron sobre el peligro de concretar la compra, puesto que no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso, es más, se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel Gamaliel López Guzmán.
Con las pericias se pudo determinar que Marco Antonio Bográn Corrales ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López Guzmán antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento.
Junto a expertos de los hospitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela Universitario se determinó que esos hospitales no reúnen las mínimas condiciones adecuadas para atender pacientes con Coronavirus; dos de los que ya operan han sido adecuados pero para cirugías menores, no para COVID-19.
Los Hospitales Móviles no prestaron hasta el día de hoy un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público.
*Axel Gamaliel López Guzmán, tercer implicado en este caso, es supuesto responsable de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario, por lo que tiene orden de captura con alerta roja internacional y a quien meses atrás se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos.
Por todo lo anterior, la Fiscalía esperaba un fallo menos benevolente, por lo que corresponderá impugnarlo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se reitera, que el Ministerio Público mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas involucradas en el megafraude de los Hospitales Móviles, por lo que no se descartan más requerimientos fiscales.
