Una ola de más de 3.000 embargos y demandas mantiene bajo presión a distintas alcaldÃas e instituciones del Estado en Honduras, evidenciando una creciente crisis financiera en el sector público derivada de supuestas irregularidades de la administración anterior.
En el caso de las alcaldÃas, 76 municipalidades enfrentan conflictos laborales tras cambios de administración, con el departamento de Choluteca como uno de los más afectados.
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OAVI) enfrenta más de 3 embargos que superan los 90 millones de lempiras, mientras el Tribunal Superior de Cuentas realiza auditorÃas para emitir sentencias sobre las irregularidades.
