Una denuncia del magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernando Padilla, encendió la polémica al señalar que la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, realizó contrataciones aceleradas y traslados de personal después de que el pleno le despojara de facultades administrativas, incluso sin que los nombrados cumplieran los requisitos profesionales para los cargos.
Padilla advirtió que estas designaciones ponen en riesgo la capacidad técnica del Poder Judicial.
La presidencia de la CSJ respondió mediante un pronunciamiento en el que rechazó los señalamientos y aseguró que los nombramientos han sido inferiores a los de administraciones pasadas, con un promedio anual del 8%.
Detalló que el Poder Judicial cuenta con 5,650 servidores para sostener 450 órganos jurisdiccionales que reciben un promedio de 120 mil casos al año, y que en 2025 ingresaron más de 123 mil expedientes, los cuales son resueltos por 820 jueces.
