Varios profesionales del derecho han expresado su preocupación por la lentitud del fiscal general en los nuevos requerimientos fiscales contra narcotraficantes, especialmente ahora que se acerca el vencimiento del Tratado de Extradición con Estados Unidos.
Miembros de la sociedad civil también cuestionan la credibilidad de los entes encargados de la justicia, alegando que hasta ahora no se han tomado medidas que restauren la confianza pública en casos mediáticos.
Esta situación ha generado una creciente desconfianza, ya que los ciudadanos sienten que las autoridades no están actuando con la urgencia necesaria para enfrentar el crimen organizado.
